Playa del Carmen, Q. Roo.- Laura Beristain Navarrete, presidenta electa de Solidaridad, lamentó que, a 10 días de asumir la presidencia municipal, en un acto que atenta contra la autonomía, la administración saliente encabezada por Cristina Torres Gómez, a espaldas de los ciudadanos, en sesión extraordinaria de Cabildo aprobó cederle al Gobierno del Estado la administración del Centro de Comunicación, Control, Cómputo y Comando (C-4).
En ese mismo contexto, Loretta García Ahlf, coordinadora del Consejo Asesor para Garantizar la Paz, quien en representación del presidente electo de la República, Andrés Manuel López Obrador, encabezó el Foro de Pacificación y Reconciliación Nacional “Escucha Quintana Roo”, dijo que este asunto es lamentable, pues debe respetarse la autonomía municipal, al ser la base fundamental de nuestro sistema constitucional y en materia de seguridad está probado que, cuando le restan funciones a las policías municipales, se desprotege a la ciudadanía, además en este tema particular se está contraviniendo la Constitución.
Fue en la XXVI sesión extraordinaria, realizada a las 7:00 horas de este viernes, donde se abordó la transferencia de la administración del C-4 al Gobierno de Quintana Roo, contando con la oposición del síndico municipal, Juan Carlos Beristain Navarrete.
La alcaldesa electa lamentó que en un movimiento de última hora y aprobado vía “fast track”, se esté violentando la ley por medio de iniciativas que claramente atentan de manera descarada contra el artículo 115 Constitucional.
Esta acción del Cabildo de Solidaridad vulnera la autonomía municipal prevista en el artículo 115, al pretenderse la entrega al Gobierno del Estado, a través de un contrato o convenio de comodato la administración y la cooperación del recurso humano y tecnológico del Centro de Comunicación, Control, Cómputo y Comando (C-4)”, recalcó la presidenta municipal electa.
En ese sentido, Laura Beristain aclaró que la naturaleza jurídica de la dirección del C4 adscrita a la Dirección General de Seguridad Pública surge como parte del ejercicio de competencias previsto en el artículo ya mencionado, el cual, le otorga al municipio la facultad de aprobar los distintos reglamentos que habrán de tener vigencia en su territorio.
