Chetumal, Q. Roo.- La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) logró acreditar esta tarde todos los elementos necesarios para que un Juez de a Control dicte vinculación a proceso de Raúl Enrique Labastida Mendoza, acusado del delito de peculado por un posible daño patrimonial de 1 millón 187 mil 900 pesos, propiedad del Gobierno del Estado.
Durante la audiencia de formulación de imputación y posterior vinculación a proceso que llevó a cabo este domingo en una sala del Poder Judicial, el Juez de Control dio cabida a todos los elementos del tipo penal que presentaron los fiscales anticorrupción.
Se trata de la carpeta administrativa 227/2017, dentro de la cual se estableció una posible conducta atípica y/o anomalía, específicamente en el traspaso de dinero en efectivo de la cuenta del Gobierno del Estado a la cuenta personal del hoy vinculado a proceso.
Se trata de cuatro depósitos por las cantidades de: 437, 300, 250 y 200 mil pesos que corresponden al gasto corriente del Gobierno del Estado de Quintana Roo a favor de la de la Consejería Jurídica para el pago de diferentes servicios entre los años 2012 y 2016, tiempo en que el imputado laboró como titular de dicha instancia.
El Juez de Control consideró que existe alta probabilidad de que el dinero que dispuso (de acuerdo al numerario antes citado) fue utilizado para fines distintos a los que estaban designados, por lo que hasta el momento se han podido comprobar.
Además de su vinculación a proceso, la FECC solicitó el embargo de bienes, el resguardo domiciliario y la colocación de un brazalete electrónico para que el imputado no pueda sustraerse de la justicia; sin embargo, el Juez dispuso sólo de la primera medida cautelar, que corresponde al embargo.
De esta forma, el organismo decretó el aseguramiento de: un vehículo marca Nissan tipo Pathfinder, color arena, con placas de circulación UTC-805-A; así como 75 acciones de capital fijo de la empresa Industrializadora Maderera de Quintana Roo S.A. de C.V. Dichas acciones tienen un valor estimado a 75 mil pesos.
Finalmente, los Fiscales Anticorrupción solicitaron un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo que fue concedido por el Juez y sin objeción de la defensa del imputado, por lo que deberá fenecer el día 23 de junio de 2020.
Por otro lado, la autoridad penal consideró pertinente que el imputado deba enfrentar el proceso bajo medidas precautorias distintas a la prisión preventiva, por lo que tendrá que firmar periódicamente su estancia en la ciudad los días 15 y 30 de cada mes.
