Chetumal, Q. Roo.- Un Juez de Control de Chetumal vinculó a proceso a Roberto Borge Ángulo, acusado por el delito de desempeño irregular de la función pública, con relación a la carpeta administrativa 154/2017, específicamente por la entrega indebida de cinco concesiones de transporte en el municipio de Isla Mujeres.
La audiencia de vinculación a proceso culminó al mediodía de este miércoles en la Sala 3 del Poder Judicial del Estado (PJE), con la aprobación de todos los elementos del tipo penal que fueron imputados por el personal de la Fiscalía.
Ramón Jesús Aldaz Bencomo, Juez de Control, consideró pertinentes todos los datos de prueba, en los que señalan la actuación indebida del ex funcionario en la entrega discrecional dichas concesiones, además obligando a sus subalternos a pasar por alto todos los protocolos y procedimientos que la norma vigente establece en Quintana Roo.
Además, advirtió que hasta este momento procesal dichos datos proporcionan información necesaria para causar convicción, en el sentido de que los hechos acontecidos dan tiempo y forma en su contenido. Concedió, en el hecho que se pretende acreditar y de los cuales no ha quedado establecido, el rango de indicio razonable por estar compaginados uno con otros.
Una vez vinculado a proceso, el Juez de Control otorgó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación y aprobó la solicitud por parte de la Fiscalía Anticorrupción para mantener bajo prisión preventiva justificada al ex funcionario durante todo el proceso, mismo que no debe sobrepasar los dos años, tal y como lo establece la ley.
Con esta decisión, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción suma dos vinculaciones a proceso en contra de Roberto Borge por presuntos daños al patrimonio de la administración pública en Quintana Roo, específicamente relacionadas en las carpetas administrativas: 151/2017 y 154/2017.
El ex funcionario también está bajo un proceso federal, que lo mantiene privado de su libertad en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi), en el Estado de Morelos. Debido a esa condición, su presencia en Quintana Roo fue por medios virtuales, es decir, a través de una videollamada desde su lugar de reclusión, asistido totalmente por sus defensores, sin vulnerar sus derechos humanos.
