CIUDAD DE MÉXICO, 13 de febrero.- Urge actuar para proponer soluciones viables para avanzar hacia la pacificación del país, ante una insensata guerra en la que «nuestra patria muere de dolor al ver morir a sus hijos», señaló el Senador José Luis Pech Várguez al moderar la mesa de trabajo para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, realizada en el Senado de la República, como parte del Parlamento Abierto, en el que se habla de la reforma constitucional con la que se propone crear la Guardia Nacional.
Ante académicos, representantes de organizaciones civiles, expertos en seguridad y defensores de derechos humanos, además de senadores de las distintas fracciones paralimentarias, Pech Várguez dijo que para avanzar en seguridad, es necesarios despolitizarla, porque si se mantiene en esa condición, no se podrá llevar a buen sitio.
Puntualizó que la tarea por realizar es dificil, debidio a que es una realidad la falta de una mayor coordinación entre las distintas policías nacionales, estatales y municipales; que hay una gran desconfianza mutua entre ellas; y que también hay muchas de estas corporaciones infiltradas, al igual que una cantidad importante de presidencias municipales y hasta gubernaturas, las cuales ya trabajan para la delincuencia.
El reto, dijo, es recuperar la seguridad en el país, por lo que es importante «escuchar e incluir todas las opiniones que contribuyan a mejorar la estrategia que estamos proponiendo para reducir la violencia y la impunidad que han bañado de sangre al país y lo han convertido en un gran cementerio».
Como moderador de la mesa, junto con la senadora Alejandra Lagunes Soto Ruíz, indicó que «necesitamos construir algo nuevo, tomando las experiencias que han funcionado en otros horizontes y evitando las fallidas».
necesitamos reconstruir la confianza de la sociedad en sus instituciones de seguridad e impartición de justicia. Debemos devolverle al Estado su esencia como una creación humana para darnos seguridad y protegernos de los peligros cotidianos».
El Senador Pech Várguez indicó que «el país necesita más que nunca, que fuera de todas las diferencias ideológicas y más allá de los intereses particulares, actuemos juntos para construir un Sistema Nacional de Seguridad Pública que nos represente a todos por igual«.
En la mesa se presentaron un total de 12 ponencias, las cuales se dividieron en dos bloques, en las que incluso participaron un gobernador, Omar Fayad, de Hidalgo, y un presidente municipal, Genaro Martín Zúñiga, de San José Iturbe, Guanajuato, quienes expusieron sus experiencias particulares en materia de seguridad pública con la participación de fuerzas militares.
Cabe señalar que los puntos de vista expuestos en la mesa se centraron en la conveniencia de que la Guardia Nacional, que se confirmaría con el respaldo de una reforma constitucional, tenga un mando y base civil o uno militar.
Las propuestas fueron contrastantes, a pesar de que el diagnóstico sobre la situación de la seguridad en el país fue coincidente y todos admitieron que urge tomar acciones para contar con una estrategia viable para frenar la inseguridad y a los grupos criminales que la generan a lo largo y ancho de la República.
Los ponentes participantes fueron, además de los dos ya citados: José Refugio Muñoz, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Prevención del Delito de la Concamin (Confederación de Cámaras Industriales); Jessica Zarkin Notni, coordinadora del proyecto de seguridad y fortalecimiento policial del IMCO; Maria Araceli de Haas Matamoros, consultora, docente, conferencista, e investigadora profesional en temas de seguridad y desarrollo nacional; María Elena Morera, Presidenta de Causa en Común; y María Novoa, coordinadora del Programa de Justicia en México Evalúa.
También participaron Belén Sanz Luque, representante de ONU Mujeres en México; Karla Michel Sala Ramírez, presidenta de Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social; Lilian Chapa Koloffon, investigadora del World Justice Project México; Javier Oliva Posada, profesor-Investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM; Alejandro Madrazo Lajous, profesor investigador del Programa de Política de Drogas del CIDE; y Luis Miguel Martínez Anzures, director general de la Escuela Nacional de Profesionalización Gubernamental del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).
