CHETUMAL. – El Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) resolvió el primer caso de Violencia Política contra la Mujer por Razones de Género, en la Historia de Quintana Roo, sancionando a tres personas, entre ellos al director de Protección Civil en el municipio de Isla Mujeres.
La denuncia promovida por la diputada Atenea Gómez Ricalde finalmente concluyó con penas para Merced Ortiz Maya, y los ciudadanos Angel Antonio Ortiz Franco y Cristian Alberto Ojeda Cruz, quienes deberán cumplir con el pago de una sanción económica y enfrentar un procedimiento ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
El primero recibió sanción de 63 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), que equivale a cinco mil 322 pesos: los otros dos con 32, que ascienden a dos mil 703.
El plazo para el pago es de 15 días posteriores al pronunciamiento del Pleno del Teqroo.
El procedimiento deriva cuando durante la etapa de campaña del Proceso Electoral 2019, tales personas entregaron “flyers”, mediante los cuales se ofrecían servicios de prostitución con el número de celular de la ahora diputada del Partido Acción Nacional (PAN).
Gómez Ricalde promovió queja por presunta Violencia Política contra la Mujer por Razones de Género ante el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), órgano que se pronunció a su favor, a través del IEQROO/CG/R-020-2020,
El infractor apeló ante el Teqroo, sin embargo, este órgano jurisdiccional ratificó la existencia de violencia política en agravio de la diputada local. La inconformidad fue identificada como RAP/005/2020.
El caso no queda allí, pues también se dio vista a la FGE para que proceda en contra de los señalados porque incurrieron en delito grave.
La magistrada Claudia Carrillo Gasca, ponente en este asunto, destacó que este es el primer caso de Violencia Política contras las Mujeres en Razón de Género resuelto por el Teqroo, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Carrillo Gasca explicó que aun cuando recibió una pena mínima, lo importante es el precedente, pues se trata del primer caso sentenciado por Violencia Política contra la Mujer por Razones de Género en Quintana Roo.
Esta situación también implicaría consecuencias políticas, para el funcionario.
