La Procuraduría General de la República (PGR) se pronunció por la liberación de la exlideresa magisterial Elba Esther Gordillo y su absolución por el Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito de la Ciudad de México sobre la cual dijo “respeta”, pero “no la comparte”.
“La PGR ha actuado, en todo momento, con estricto apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a las leyes que orientan su actuación, y, sobre todo, en absoluto respeto a los derechos humanos”, informó la instancia de procuración de justicia mediante un escueto comunicado.
El abogado de la exlideresa magisterial, Marco del Toro informó por la madrugada de este miércoles sobre la resolución del Tribunal que absuelve de todo cargo a su defendida tras cinco años de litigio en donde se absolvió a Gordillo de delitos como lavado de dinero, malversación de recursos y defraudación fiscal.
“La Procuraduría General de la República actúa siempre conforme a derecho e interviene cuando se presente un hecho que la Ley señala como delito y exista la probabilidad de que alguien lo cometió o participó en su comisión”, concluyó la dependencia que desde finales del 2017 no cuenta con un titular, sino sólo con un encargado de despacho, Elias Beltrán.
PALO DE JUEZ A LA PGR
Elba Eshter Gordillo, la exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de México (SNTE), el mayor de América Latina, volvió a estar libre de todos los cargos tras 5 años y medio de batalla política y judicial. Un juez federal decidió la noche del martes que no estaban suficientemente acreditadas las acusaciones de delincuencia organizada y lavado de dinero, las últimas causas pendientes de La Maestra, de 73 años.
Símbolo del inmenso poder corporativo mexicano, militante del PRI hasta su expulsión en 2006 y una de figuras de mayor influencia política durante las últimas décadas, su detención supuso uno de los primeros golpes de efecto del recién inaugurado Gobierno de Enrique Peña Nieto en su campaña contra la corrupción. Su puesta en libertad, sin que el tribunal haya entrado si quiera en el fondo de la cuestión, representa también otro clavo en la tumba de aquel nuevo PRI.
Gordillo fue capturada en febrero de 2013 por policías federales en el aeropuerto de Toluca (Estado de México), cuando se disponía a volar en su jet privado. La Maestra ya había perdido entonces el favor del PRI tras aliarse con los gobiernos panistas y, sobre todo, había rechazado de palmo a palmo una de las medidas estrella Peña Nieto, la reforma educativa que desactivaba en parte el ecosistema del poderoso sindicato de maestros, con más de 1,6 millones afiliados. El primer y principal cargo que se le imputó –desestimado definitivamente por el fallo del juez federal– fue el desvío de fondos por cerca de 2,000 millones de pesos (104 millones de dólares) provenientes de cuotas sindicales.
La Fiscalía –PGR– redobló la munición pocos meses después, con la acusación de un nuevo delito: un fraude fiscal de unos 160 mil dólares en 2008. Encabezado por Jesús Murillo Karam, el movimiento de la fiscalía podía interpretarse como un paso al frente del Gobierno para asegurarse de que no consiguiera la libertad a través de subterfugios legales. Durante este periodo, fue repetidamente rechazado un amparo de la defensa para lograr el arresto domiciliario por cuestiones de salud.
El panorama comenzó a cambiar en 2017 con la primera victoria judicial de Gordillo. En mayo un tribunal de Ciudad de México la absolvía del delito de fraude fiscal. Apenas cinco meses después, la fiscalía quedaba descabezada tras la denuncia del Raúl Cervantes, provocando un vacío de poder que se prologa hasta hoy y que evidencia una de las fallas crónicas de las instituciones mexicanas: la simbiosis del poder Ejecutivo con el Ministerio Fiscal, encargado de investigar los delitos en un país donde la impunidad alcanza el 98% de los casos. Cervantes se convertía en el tercer director que abandonaba la PGR durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Con este nuevo escenario, Gordillo seguía ganando combates. En diciembre de 2017, en plena temporada de negociación pre-electoral, la fiscalía daba su brazo a torcer y retiraba la impugnación al amparo que evitaba que la exlideresa sindical obtuviera el beneficio de la prisión domiciliaria. Gordillo continuaría su proceso desde uno de sus lujosos apartamentos en Ciudad de México. La decisión de la PGR coincidió con la firma de la alianza electoral entre el PRI y Nueva Alianza, la organización creada en 2005 por la sindicalista, para las elecciones de julio de 2018.
La carrera de Gordillo fue creciendo desde sus orígenes a la sombra del poder político mexicano. Nacida en Comitán, Chiapas, en 1945, en una familia humilde, trabajó de camarera y telefonista. Hasta que encontró la veta del ascenso social en el entorno de los maestros sindicados. En 1977 ocupó su primer cargo dentro del Comité Ejecutivo. En 1989, de la mano del presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), se convirtió en la líder máxima del poderoso Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), cargo que ocuparía vitaliciamente durante más de 20 años.
Como gozne de movilización del mayor sindicato de América Latina jugó un papel decisivo en las elecciones de la década de los 90. Ella misma ocupó distintos cargos en la bancada priista en el Congreso. Con la alternancia en el Gobierno del año 2000, La Maestra también cambio de bando. Su alianza con Vicente Fox le valió la expulsión del PRI y la formación de su nuevo partido que, paradojas de la política mexicana, volvió al redil priista con la alianza en las recientes elecciones.
Gordillo hizo público un comunicado durante la madrugada del lunes señalado que de momento no hará declaraciones a los medios, a los que emplaza a una rueda de prensa el 20 de agosto. Una de sus hijas, Mónica Arriola, falleció en 2016 de cáncer mientras ella estaba en la cárcel. En más de una ocasión, declaró su intención de trasladarse a Chiapas para velar a su hija.
La puesta en libertad de Gordillo, sin que los tribunales hayan siquiera entrado al fondo de la cuestión, no sólo desgasta aún más al saliente gobierno priista, sino que abre una nueva zona fricción para Andrés Manuel López Obrador. El círculo cercano a la polémica exdirigente sindical se sumó a la candidatura de Morena, entre ellos René Fujiwara, un exdiputado federal y nieto de La Maestra y Fernando González Sánchez, exsubsecretario de Educación Pública y yerno de Elba Esther. Con La Maestra de nuevo en la calle, falta por ver la distancia que tomará al respecto Obrador.
Fuente: El Economista y Forbes México
