*El Fiscal General planteó la necesidad de otorgar una ampliación presupuestal a la institución.
*Legisladores revisarán puntualmente la solicitud presentada, se comprometen a buscar los mecanismos para allegarse de recursos.
Chetumal, Q. Roo.- Atendiendo el mandato constitucional de transparencia y rendición de cuentas, la XV Legislatura del Estado de Quintana Roo recibió el informe de actividades del maestro Oscar Montes de Oca Rosales, Fiscal General del Estado, quien sostuvo una reunión con legisladores a quienes expuso las necesidades en materia presupuestal del órgano autónomo para cumplir con la demanda quintanarroense de procuración de justicia.
En la reunión, que fue encabezada por el diputado Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado y el diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, presidente de la Comisión de Justicia; el Fiscal General expuso el informe de actividades 2018, en el que muestra el panorama general de la institución.
Martínez Arcila aseguró que existe plena confianza en la gestión del Fiscal General del Estado, pues además de la capacidad que ha mostrado, tiene claro el panorama de la institución, por lo que existen garantías de que los recursos adicionales que ha solicitado, pueden ser bien empleados para bien de la ciudadanía.
Por su parte, Villanueva Tenorio explicó que el informe de la Fiscalía General, será publicado en el portal de internet del Congreso del Estado, para que pueda ser revisado por la sociedad en general.
Montes de Oca Rosales destacó la necesidad de lograr un mayor presupuesto para la Fiscalía General, a fin de fortalecer a la institución a través de la capacitación, la inversión en infraestructura pero sobre todo la de ofrecer mejores condiciones salariales al personal.
En cuanto a la solicitud de ampliación presupuestal para la Fiscalía, el presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, diputado Emiliano Ramos Hernández dijo que será revisado puntualmente por los integrantes de la Comisión, así como por los demás integrantes de la XV Legislatura, para encontrar los mecanismos idóneos para allegarse de recursos para este órgano autónomo.
A la reunión asistieron los diputados Ramón Javier Padilla Balam, Luis Mis Balam y Juan Ortiz Vallejo, así como las diputadas Yamina Rosado Ibarra, Sonia López Cardiel, Gabriela Angulo Sauri, Eugenia Solís Salazar y Jenni Juárez Trujillo.
Reconoce carencias el fiscal
Por su parte, la Fiscalía General del Estado dio a conocer en un comunicado donde el responsable de la dependencia, Óscar Montes de Oca Rosales, mencionó ante los diputados locales que “realiza una reingeniería institucional que abarca sus procesos y modelo de gestión para tener una institución eficiente, eficaz, digna que atienda los reclamos sociales de justicia y seguridad”, al entregar su primer informe al Congreso del Estado.
Con base al artículo 10 Bis de la Ley General de la Fiscalía General del Estado (FGE), también se hizo entrega del documento al jefe del Ejecutivo Estatal.
Los quintanarroenses, los visitantes nacionales y extranjeros, pueden estar seguros de que el Fiscal General y los servidores públicos que integran esta instancia, son conscientes de las carencias, pero ante todo responsables y comprometidos con las acciones de procurar justicia, además de apegarse a mecanismos de ahorro y disciplina financiera que permitan avanzar a paso firme para cumplir con las funciones básicas.
En estos primeros 78 días de gestión, se encontró una infraestructura deficiente y falta de herramientas tecnológicas, razón por la que a los diputados de la XV Legislatura se solicitó una ampliación presupuestal para atender las necesidades.
Ante diputados de las Comisiones de Justicia, Derechos Humanos, Hacienda, Presupuesto y Cuenta destacó que aún con deficiencias en equipo e infraestructura se ha logrado llevar ante la justicia a los probables participantes en actos ilícitos recientes e icónicos.
En el marco de transparencia y rendición de cuentas, dijo que entre los principales retos destacan, fortalecer los servicios profesionales de carrera con base a los lineamientos que marca la ley, continuar con los esquemas de profesionalización y certificación del personal que opera el Sistema de Justicia Penal, crear la base de datos única respecto de los acuerdos reparatorios y su cumplimiento, fortalecer las unidades de atención temprana como primer contacto con la ciudadanía, entre otros.
