El expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León reconoció que la política de drogas durante su administración era determinada por lo que llamó la “inercia institucional” y por lo que se había acordado con otros países sobre la materia en foros internacionales.
Declaró que durante su gobierno hubo un cambio en el manejo en la atención a una política de las drogas, sin embargo, con ello “francamente no sucedió nada”.
“Como presidente de México, soy el primero en reconocer que cuando se discutía los varios aspectos de la política de drogas, la fuerza motriz de nuestras discusiones era básicamente la inercia institucional, la inercia de las prácticas que se habían seguido, la inercia de lo que habíamos acordado con otros países en esa materia, a través de foros que llevaron a la concreción de tres convenciones internacionales”.
“Debo de reconocer que, aunque en algunos aspectos nuestra discusión hacia dentro del gobierno trataba de prestar atención al conocimiento disponible en las varias disciplinas que deben ser tomadas en cuenta para este propósito, al final del día todas esas inercias acababan determinando los pasos, que quizás con buenas intenciones pero con terribles resultados, se daban en política de drogas”.
En la clausura del diplomado Política de Drogas, Salud y Derechos Humanos 2021 impartido por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, Zedillo reapareció al ser invitado como conferencista con el tema “Guerra contra las drogas: fracaso institucional y causante de una tragedia humana”.
El expresidente precisó que a diferencia de hace 40 años, hoy sí se tienen las pruebas suficientes para comprobar que “la estrategia basada en la prohibición de las drogas, es una estrategia incuestionablemente fracasada”, puesto que dentro de sus consecuencias están la pérdida de vidas, el daño a la salud en las personas, el daño a la vida de las personas que indirecta o indirectamente se han visto afectadas en esta lucha.
Al exponer un análisis sobre la estrategia contra las drogas, reconoció que durante la década de los 90 no se trabajó en visualizar las graves consecuencias que traía consigo la lucha contra las drogas y las que afirmó, se presentaron a partir del año 2005.
Señaló, además, que la prohibición de las drogas es la causa primaria de la creación de un mercado ilegal, por lo que concluyó que es desde el Estado, que es el responsable de estas disposiciones, “se está haciendo la ingeniería de la creación de un mercado ilegal, en el que van a operar los peores elementos de nuestras sociedades, de todos aquellos que están dispuestos a incurrir en las formas extremas de violencia para llevar a cabo sus actividades ilícitas”.
Expuso que “una política correcta de drogas no debería de criminalizar el consumo, debe de verlo como un tema de salud pública y por el lado de la oferta, la prescripción es muy simple, las drogas no deben prohibirse, las drogas deben regularse”.
Respecto a la despenalización de la marihuana que se discute ahora en el Congreso, manifestó que dijo desconocer el proyecto de ley, sin embargo, que con base a fuentes intelectuales “la ley realmente no avanza lo suficiente en tanto a la cannabis, para deshacerse, digamos, de las manifestaciones más negativas de este problema en nuestro país”.
Asimismo, se dijo poco optimista sobre la evolución y avance en política de drogas tanto en el mundo como en México, pues considera que “las inercias” institucionales y las políticas siguen siendo dominantes, al calificar como tímidas e insuficientes reformas que se están emprendiendo al respecto y que “no van a resolver los grandes problemas que nos ha traído esta estrategia, nefastamente histórica por las consecuencias que han tenido”.
Antes de concluir su participación, el expresidente fue cuestionado del por qué es difícil realizar cambios en la política de drogas, a pesar de reconocer errores en ella, el expresidente señaló que parte de ello se debe a presiones internacionales y a la continuidad de llevar una política prohibicionista.
Ante ello, expresó: “Uno no llega al poder público para satisfacer a cualquier costo a la opinión pública, uno llega al poder público para hacer un servicio público, y ver por el interés de la ciudadanía en general”. (El Universal).
