Dado que no sólo en la desaparecida Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) sino en Pemex y en Veracruz se instauró el modelo «estafa maestra» hay relacionada con la empresa paraestatal una quinta querella, no vinculada con Lozoya pero sí cometida durante su gestión.
Esta es «sobre un caso tipo ‘estafa maestra’ en Pemex, y tenemos denunciado el caso en Veracruz».
En reunión con la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Nieto Castillo reiteró que el mecanismo de «estafa maestra» proliferó en la administración pasada.
Éste, consistente en la constitución de «empresas fachada, construidas en lugares apartados, con accionistas con el perfil de testaferros y (que) al final terminaban recibiendo los recursos y la empresa se disolvía o de desaparecía su actividad habiendo ganado millones de pesos en adjudicaciones directas», se encuentra denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) para el caso Sedesol.
Este es el vinculado con la exsecretaria de Estado Rosario Robles y sus principales colaboradores cercanos, y además el DIF de Veracruz y Pemex.
En el encuentro Nieto planteó las reformas legales que México realiza para cumplir convenios internacionales de combate al «lavado» de dinero y en consonancia con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Entre éstas planteó que la UIF pudiera solicitar la extinción de dominio sobre recursos que se presumen de procedencia ilícita, están en bancos y no han sido reclamados, pero deberían ya destinarse a la sociedad.
«Recuerdo el caso de un abogado del ‘Cártel Jalisco Nueva Generación’, 2 millones de dólares que nadie ha reclamado el día de hoy de una cuenta» y lo que ocurre es que «ese dinero se lo quedan los bancos, lisa y llanamente eso sucede».
Valdría la pena una reforma pues «no hay una facultad normativa que nos permita solicitarle» al Instituto para Devolver al Pueblo no Robado o al menos que el Ministerio Público ejerza un procedimiento de extinción de dominio y esos casos tendrán que resolverse tras un proceso penal, judicialización y sentencia condenatoria «lo cual nos va a llevar a varios años de distancia».
En el encuentro Nieto Castillo pidió dar «soporte jurídico» a la Guardia Nacional Financiera planteada por el gobierno federal en la Estrategia de Seguridad Nacional y Paz.
Además expuso que es indispensable la coordinación de la UIF con las unidades de inteligencia económica y patrimonial a las entidades federativas, pues por ahora colaboran vía acuerdos. Hay, dijo, un proyecto que discute la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) para «hacer otro acuerdo general» pero se requiere incluirlo en el marco legal para poder tener flujo de información a nivel federal y local y armar mejor los casos.
Otro cambio legal necesario «es en materia de beneficiario final de personas políticamente expuestas».
Nieto Castillo también pidió a legisladores que incluyan al Futbol como una actividad vulnerable al lavado de dinero.
Señaló que ya se ha hablado con la Liga Mx sobre ese tema, y el propósito es evitar que las ligas de futbol, y toda la actividad relacionada: contrataciones, promotores deportivos, marketing sean susceptibles de ser usadas para el blanqueamiento financiero.
Por eso respaldó las iniciativas que se han presentado hasta ahora para modificar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita e incluir al futbol
