*Son más de 4 mil servidores públicos los que están obligados a cumplir con la presentación de declaración de modificación patrimonial.
Chetumal, Q. Roo.- Arrancó mayo, mes en el cual se presenta la declaración de modificación patrimonial y de intereses, con una excelente colaboración por parte de los servidores públicos del Gobierno del Estado de Quintana Roo.
Durante el fin de semana más de 700 servidores públicos de las dependencias y entidades del Gobierno del Estado presentaron su declaración patrimonial, siendo la Universidad Tecnológica de Cancún la primera entidad en cumplir al cien por ciento con esta responsabilidad.
Este año, 4 mil 249 servidores públicos del Poder Ejecutivo están obligados a presentar su declaración anual que es el instrumento establecido por la Ley General de Responsabilidades Administrativas para que los integrantes del servicio público manifiesten la situación que guarda su patrimonio al tomar posesión de un cargo público y la forma en que éste evoluciona durante el desempeño de su gestión.
Cabe mencionar que la declaración patrimonial es un trámite completamente en línea, los servidores públicos solo deben ingresar al portal DeclaranetQRoo (declaranet.secoes.qroo.gob.mx) llenar los campos marcados con su RFC y contraseña, y seguir las instrucciones.
Para dar cumplimiento con las medidas de prevención dispuestas por el gobernador Carlos Joaquín ante la pandemia de Covid-19, y brindar asesoría a los servidores públicos, la Secretaría de la Contraloría puso a disposición los correos electrónicos declaranet@qroo.gob.mx y delegaciónsecoes@gmail.com para dudas o aclaraciones que pudieran surgir respecto a cumplir con esta obligación.
En la declaración de modificación patrimonial únicamente serán reportadas las modificaciones del patrimonio, es decir, los bienes que se hayan adquirido o enajenado en el ejercicio anual a declarar.
La sanción por la omisión en el cumplimiento de esta obligación es dejar sin efectos el nombramiento o contrato.
La declaración patrimonial permite el registro y seguimiento de la evolución en la situación patrimonial de los servidores públicos, así como para vigilar la actuación honesta y transparente de quienes desempeñan un cargo en la administración Pública.
