CHETUMAL, MX. – El caso del ex consejero jurídico del Gobierno del Estado, Raúl Labastida Mendoza, parece se “le cae” a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC).
Un juez de control rechazó la solicitud de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) de reaperturar la investigación en contra del ex colaborador de Roberto Borge Angulo.
Porque los argumentos de la defensa de Labastida Mendoza fueron contundentes ante la petición de la representación jurídica del Estado.
Inclusive, el juez de control consideró falta de comunicación entre la FECC y órganos estatales.
Esto ocurrió en audiencia virtual celebrada ayer de las 14:00 a 18:15 horas.
El 22 de febrero pasado el ex consejero jurídico del Estado fue detenido por supuesto Ejercicio Indebido de la Función Pública.
Se le imputó peculado por más de un millón de pesos en estudios y asesorías para la Controversia Constitucional con Campeche, en la disputa de más de 10 mil kilómetros cuadrados.
Fue indiciado por peculado de un millón 187 mil pesos, según la carpeta administrativa 227/2017.
La denuncia fue promovida por la entonces titular de la Consejería Jurídica del Estado, Roxxana Lilí Campos Miranda.
Las indagatorias de la FECC arrojaron que el ex consejero jurídico del Estado presuntamente malversó 687 mil pesos en peritajes para la defensa de la Zona en Controversia Constitucional con el Estado de Campeche, en diciembre del 2011, según el expediente 52/2011.
Asimismo, 500 mil pesos en gastos de asesoría, entre julio y agosto del 2016, radicados en la causa 57/2016.
El ex consejero jurídico de Quintana Roo renunció a los plazos de Ley y las audiencias de Formulación de Imputación y de Auto de Vinculación a Proceso.
Tras escuchar los argumentos de los fiscales anticorrupción y la defensa del indiciado, el juez de control determinó la Vinculación a Proceso del ex funcionario estatal.
Como medida cautelar se pronunció a favor del embargo precautorio de un vehículo tipo Pathfinder color arena con matrícula UTC-805-A, y 75 acciones a capital fijo de la Sociedad Mercantil Industrializadora Maderera de Quintana Roo S. A. de C. V, tasadas en 75 mil pesos.
La Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) fue notificada al respecto.
El juez desechó la prisión domiciliaria y colocación de brazalete electrónico porque al litigar como medio de subsistencia, Labastida Mendoza requiere desplazarse libremente.
Sin embargo, quedó obligado a presentarse los días 15 y 30 de cada mes ante la Unidad de Medidas Cautelares (UMECAS), para evitar se sustraiga de la justicia. De no cumplir, el indiciado podría ser sujeto a la prisión preventiva.
Las medidas aplicarán hasta el 23 de febrero del 2022.
El Cierre de la Investigación Complementaria concluyó el pasado 23 de junio.
El juez analiza los elementos aportados por la parte acusadora y la defensa para emitir su veredicto.
