Chetumal, Quintaba Roo. – Esta mañana, socios operadores de Uber ingresaron una solicitud de juicio político ante el Congreso del Estado de Quintana Roo en contra del director del Instituto de Movilidad del Estado (Imoveqroo), Rodrigo Alcázar Urrutia; Cristina Torres Gómez, secretaria de Gobernación de la entidad y Erika Castillo Acosta, directora de Gobernación.
Los conductores buscan imputar por “los principales incitadores de violencia” de la cual son víctimas por parte de los taxistas de la zona turística.
Los representantes de los socios conductores, Carlos Calzado Calzado y Águeda Esperilla Soto, entregaron los documentos necesarios a las oficinas del Poder Legislativo de Cancín, bajo el argumento de que hay suficientes elementos para procesar a los funcionarios por tener intereses con los gremios taxistas, sindicato Andrés Quintana Roo y Lázaro Cárdenas del Río.
En la solicitud de juicio político contra los funcionarios, se les acusa de desacato a una orden judicial, causar perjuicio en su contra, promover clima de ingobernabilidad, impunidad, incitación a la violencia, conflicto de intereses, provocar daño a la imagen de Cancún y corrupción.
Explicaron que particularmente Castillo Acosta tiene un claro conflicto de interés al ser socia del sindicato Lázaro Cárdenas del Río; mientras que Alcázar Urrutia es acusado de haber nombrado a Manuel Castillo como delegado de Movilidad, pese a ser socio del Sindicato de taxistas de Cancún y familiar de la directora de Gobierno.
