Cancún, Q. Roo.- El abuso de la autoridad federal en la empresa First National Security, podría ser uno de muchos casos donde las garantías individuales de los mexicanos queden vulnerables, dijo a un noticiero nacional radiofónico, el propietario de la compañía dedicada a la renta de cajas de seguridad, Santiago Ancona Teigell.
Santiago Ancona se dijo confundido después del comunicado que dio a conocer la Procuraduría General de la República (PGR), sobre el status jurídico de mil 500 cajas de seguridad en First National Security aseguradas desde el pasado 9 de octubre, afectando a los clientes.
Enfatizó que la afectación a cancunenses es muy seria, ya que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) mantiene bajo su poder las pertenencias de valor y hasta papeles personales (como las visas) de sus clientes, sin estar involucrado en algún delito, pero que los ha afectados ya que son empresario que no han podido viajar por la privación ilegal de sus propiedades.
Además, ahora sale al PGR con que los bienes asegurados de inocentes, deberán ser “acreditados” por los legítimos propietarios (facturas) para ser devuelto a la brevedad posible, pero siguen peleando para evitar que los afectados tengan que ir hasta la Ciudad de México por sus pertenecías.
Lamentó el empresario que sea la propia PGR quien ahora termina con su negocio, ya que no quedará nada después de ser liberado por el Ejército, ya que para abrir las cajas tendrían que destrozarlas, al no contar con llaves y ser blindadas.
Hay que señalar que First National Security tiene 26 años de funcionar en Cancún son algún problema, y debido a la secrecía de sus clientes, el propietario no podría saber si el exgobernador Roberto Borge Angulo había rentado alguna caja de seguridad con ayuda de algún prestanombre, pero que ni eso debería afectar al resto de usuarios, explicó a los periodistas.
SE AMPARAN
Por su parte, cinco de los afectados de Firts Nacional Security, ganaron un amparo o “suspensión provisional” para que las cajas de seguridad ni sus pertenecías no sean transportadas a la Ciudad de México, como intentó la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
La orden de aseguramiento debe estar perfectamente determinada en cuanto a los instrumentos, objetos y productos del delito y a las personas que va dirigida, en la que además deben establecerse controles específicos para el resguardo de los bienes asegurados, debiéndose elaborar un inventario de todos y cada uno de ellos ante la presencia del interesado”, detalla el documento que se les hizo llegar a los afectados.
Por ese fundamento, se concede la suspensión provisional para el efecto de que “no sean abiertas las cajas de seguridad ni se trasladen a diverso lugar del que se encuentran, pues de hacerlo, al no existir en este tipo de contratos un inventario de los bienes contenidos en las cajas, se corre el riesgo de que al abrirlas los objetos se pierdan”.
Sin embargo, hasta el momento no se sabe con exactitud si las cajas de seguridad blindadas que no estaban contempladas en la orden del juez, han sido violentadas para extraer sus contenidos.
