Cancún, Q. Roo.- El amparo que juez federal le otorgó al exgobernador, Roberto Borge por lavado de dinero de 900 millones de pesos, sólo muestra que las autoridades han aludido las solicitudes y las pruebas que el gobierno del estado les ha presentado a las autoridades federales.
Rafael Antonio del Pozo Dergal, secretario de la Contraloría del Estado de Quintana Roo indicó que este amparo no resuelve el proceso penal por el que atraviesa el exgobernador, sino que es un recurso legal para que los jueces realicen las investigaciones.
El funcionario resaltó que las autoridades del estado de Quintana Roo siguen trabajando y otorgando pruebas a las autoridades federales, “acreditamos todos los elementos de conductas propias de lavado de dinero y delincuencia organizada como las empresas fantasmas que el exgobernador y su gobierno crearon para cometer estos actos de delincuencia organizada”.
Sin embargo, dijo, que el estado está limitado en el aporte de la información con la federación, porque es parte del sistema de México, por ejemplo, la entidad no puede tener acceso a la Secretaria de Hacienda para ver los movimientos que realizó el exgobernador y sólo un juez puede solicitarla.
Del Pozo Dergal resaltó “Si los jueces y la federación, tienen dudas los invito a que vengan y vean en qué condiciones dejaron el estado porque se necesitan recuperar 11 mil millones de pesos para levantar la entidad”.
