Cancún, Quintana Roo, Mx. – Luego de ser alertados por el mismo personal del Tribunal Superior de Justicia sobre las ordenes de aprehensión sobre 17 ex funcionarios de Quintana Roo, algunos han salido huyendo de Cancún, mientras que otros han decidido ampararse.
Según se pudo averiguar, al menos dos de los señalados en las investigaciones y denuncias interpuestas por el gobierno de Quintana Roo, acusados de dilapidar el patrimonio del estado han interpuesto amparos para evitar ser aprehendidos por la justicia.
Se trata de Mauricio Rodríguez Marrufo, actual secretario del ayuntamiento de Benito Juárez y quien se desempeñó como titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) durante el gobierno de Roberto Borge Angulo, así como de Claudia Romanillos Villanueva, extitular del Instituto del Patrimonio Estatal (IPAE) de Quintana Roo.
El primero declaró apenas el pasado 20 de diciembre que se encontraba tranquilo al no haber sido notificado de ningún procedimiento legal en su contra.
Por lo que escuché, no hay alguna implicación directa; se habla de otros funcionarios y se comenta que son temas de la dependencia donde formaba parte (…) Todo nuestro accionar ha sido auditado, en cada uno de los años que estuvimos al frente de la dependencia, que fueron más de cinco, se dieron auditorías federales y estatales, donde salimos bien y en buenos términos”, dijo al ser cuestionado sobre los procesos que inició la Secretaría de la Gestión Pública (SGP) de la entidad.
Cabe recordar que este funcionario está señalado por la SGP por irregularidades en la enajenación ilegal a particulares de predios del dominio del estado.
En el registro del recurso de amparo con expediente 1792/2016 ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Quintana Roo, se lee que éste se promueve en contra de una “orden de aprehensión y otros”; fue interpuesto el pasado 22 de diciembre.
La otra funcionaria amparada es Claudia Romanillos Villanueva, quien tramitó el recurso de amparo 1721/2016 ante el mismo juzgado, que preside Darío Alejandro Villa Arnaiz.
Romanillos Villanueva es una de las principales implicadas en las denuncias por la venta del patrimonio territorial del estado.
Las denuncias presentadas por la SGP el pasado 15 de noviembre exponen que a través del IPAE de Quintana Roo, se remataron terrenos de propiedad pública a precios muy por debajo de su valor comercial.
Entre los beneficiarios se encuentran accionistas de la empresa naviera Barcos Caribe, vinculada al exgobernador Borge Angulo.
La SGP señaló a la extitular del IPAE y a Borge Angulo, como responsables de la venta de terrenos que por ley debieron ser empleados en desarrollo social o desarrollo de vivienda, pero, por el contrario, se enajenaron a particulares.
Durante la gestión de Romanillos Villanueva, el IPAE habría vendido 7% de la reserva territorial del municipio de Bacalar; 10% del municipio de Felipe Carrillo Puerto; 23% de Cozumel; 20% de Tulum; 36% de Benito Juárez; 52% de Solidaridad, y 60% de Puerto Morelos, según la SGP.
