* Para no desestabilizar las finanzas estatales, la XV Legislatura eliminó los porcentajes presupuestales mínimos.
* Esos topes formaron parte del Paquete de Impunidad y se convertían en una limitante para avanzar en proyectos de la Comisión de Derechos Humanos, el Instituto de Acceso a la Información o el Órgano Superior de Fiscalización.
* Ahora los recursos se podrán redireccionar a sectores prioritarios para los quintanarroenses: Martínez Arcila.
Chetumal, Q. Roo. – Por unanimidad, la XV Legislatura aprobó una reforma constitucional para eliminar los topes presupuestales mínimos para los órganos autónomos, con el fin de no desestabilizar las finanzas estatales y para que el Gobierno del Estado pueda destinar dichos recursos a rubros prioritarios como seguridad pública, salud y educación.
En la Sesión Ordinaria número 29, presidida por el diputado Fernando Zelaya Espinoza, las diputadas y diputados del Congreso de Quintana Roo aprobaron una reforma a la Constitución local, presentada por los integrantes de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, cuya minuta fue enviada a los ayuntamientos para que sea sometida a consideración de sus respectivos cabildos y hacer efectiva la reforma constitucional.
Con esta reforma se eliminan los topes presupuestales mínimos de organismos como la Comisión de Derechos Humanos, el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Tribunal Electoral, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado y la Fiscalía General del Estado, quienes estaban limitados a presentar proyectos de ampliación de sus propios presupuestos. Además, el contar con un porcentaje presupuestal mínimo obligatorio conlleva -señala la exposición de motivos de la reforma-, a generar una desestabilización en las finanzas del estado.
En tribuna, el presidente de la Gran Comisión Eduardo Martínez Arcila aseguró que, con esta modificación constitucional, se acaba con los incrementos sustanciales que se dan actualmente por ley, y no por necesidades reales que tengan los órganos autónomos.
Recordó que Quintana Roo es el único estado del país que estableció en ley, los porcentajes mínimos para los presupuestos de los órganos autónomos.
“Ningún estado tiene estos porcentajes presupuestales, que provienen del denominado Paquete de Impunidad. Incluso para el ejercicio fiscal 2017, hicimos una primera modificación a la baja en estos presupuestos. Para el siguiente año, creemos que es necesario prescindir de ellos para que el Ejecutivo pueda destinarlos a sectores verdaderamente prioritarios”, agregó.
La presidenta de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, la diputada Mayuli Martínez Simón, explicó que la modificación responde a una recomendación de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y a diversas disposiciones en materia de disciplina financiera, que establece que los recursos económicos se asignen en los presupuestos con base en los resultados.
Martínez Simón agregó que con la reforma avalada se salvaguarda la autonomía de los órganos autónomos, al establecerse que el presupuesto para el presente ejercicio fiscal no será menor al presupuesto otorgado en el año inmediato anterior.
De igual forma, se modificó la fecha límite para que los órganos autónomos entreguen a la Legislatura sus proyectos de presupuestos, estableciendo como nueva fecha el 20 de noviembre de cada año.
Los porcentajes presupuestales mínimos actualmente están vinculados al monto total del Presupuesto de Egresos para el estado, de manera que si la entidad lograba obtener mayores ingresos a través de participaciones federales, el presupuesto de dichos órganos se incrementa en automático, afectando con ello a otros sectores prioritarios.
En la misma sesión, el Pleno del Congreso dio entrada a una iniciativa de decreto por la cual se ratifica el Decreto Número 103 de la XII Legislatura del Estado de Quintana Roo, de fecha 2 de abril de 2009; presentada por el Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, en el que cual se establecen las cuotas y tarifas mensuales de los derechos a cobrar por la prestación del servicio de recoja de basura.
Además, se dio entrada a las iniciativas de los ayuntamientos de Bacalar, Tulum y Felipe Carrillo Puerto, mediante las cuales se proponen las tarifas de cobro del servicio de recolección, transporte, tratamiento y destino final de residuos sólidos.
