Que la desigualdad es uno de los problemas sociales más lacerantes de México no es novedad: cualquiera que haya vivido o viajado por el país norteamericano puede dar fe de ello. Pero los números, a veces, superan a la realidad. El 1% más acaudalado de la población mexicana posee la tercera parte de la riqueza nacional y el 10%, las dos terceras partes de los activos totales, según se desprende de un estudio elaborado por el profesor del ITAM Miguel del Castillopara la CEPAL (el brazo de Naciones Unidas para el desarrollo económico de América Latina y el Caribe), que ha sido presentado este lunes en el Senado. Pese a estos niveles de desigualdad, en México no hay un impuesto específico sobre el patrimonio o las herencias.
«El problema no es la riqueza [80,6 billones de pesos, cuatro veces el PIB mexicano], sino cómo se genera y, sobre todo, cómo se distribuye», ha subrayado Del Castillo, que ha estado acompañado en el acto por el coordinador de Investigación del Instituto Belisario Domínguez, Gerardo Esquivel, y por el director ejecutivo de Oxfam México, Ricardo Fuentes-Nieva. Si el monto total de activos se distribuyese de manera equitativa entre todos los mexicanos, cada uno de ellos tendría un patrimonio —siempre según los datos recopilados por el estudio— ligeramente inferior al millón de pesos (56.300 dólares), una cantidad «más que suficiente» para que tuvieran una vida holgada.
La inequidad aumenta cuando el foco se pone sobre los activos financieros —dinero e inversiones financieras— y se aíslan los físicos —casas, terrenos, automóviles y diversos bienes del hogar—. En ese caso, el 80% de la riqueza nacional está en manos del 10% más acaudalado. La explicación a este hecho es doble: por un lado, la mitad de la población no tiene ninguna cuenta bancaria; por otro, poco más de 200.000 contratos para operar en Bolsa suman una inversión de 16 billones de pesos, más de la quinta parte de la riqueza nacional. Y 23.000 personas físicas o jurídicas tienen en el parqué mexicano el 17% de los activos totales del país.
«Es evidente que hay que prestar más atención a la desigualdad de la riqueza y a sus implicaciones sobre la concepción de justicia, la democracia y la estabilidad social», ha valorado Fuentes-Nieva, de Oxfam. «El 1% de las familias mexicanas podrían comprar todo lo que tienen el 95% de las unidades familiares más pobres y eso, más allá de lo económico, nos permite ver la desbalanza de poder». Para cambiar la foto fija que muestra la investigación, el máximo responsable de la confederación de ONG en el país norteamericano ve fundamental centrarse en las políticas públicas, como la fiscalidad o el gasto público en sanidad y educación. «La paradoja mexicana es que en los últimos 20 años el país ha crecido poco, la pobreza se ha mantenido constante y la riqueza de unos pocos ha aumentado», ha añadido Fuentes-Nieva.
Mayor crecimiento de la riqueza privada que del PIB
En poco más de una década, la riqueza total mexicana ha crecido a una tasa promedio anual del 8% y ha pasado de suponer algo más del doble del PIB a más que cuadruplicarlo. En contraste, la economía mexicana creció un 2,6% anual en el mismo periodo, una cifra reducida para tratarse de un país emergente y en el que la población no deja de aumentar.
«Esta disparidad entre el ritmo de aumento del producto y el de la riqueza provoca una mayor desigualdad. Los muy pocos que disponen de activos financieros han visto incrementar su ingreso y patrimonio a un ritmo mayor que los trabajadores, cuyo ingreso y riqueza depende tan solo de las percepciones producto de su empleo», subraya el sociólogo y demógrafo mexicano Miguel del Castillo. En los últimos años, el rendimiento medio del capital ha sido del 15% anual, mientras que el salario mínimo —uno de los más bajos de Latinoamérica— y las remuneraciones medias industriales han aumentado a un ritmo del 4% promedio anual. En ambos casos no se tiene en cuenta la inflación.
Incluso dentro del sector empresarial, la distribución patrimonial es desigual: el 10% de las compañías mexicanas concentran el 93% de los activos físicos, mientras que el 90% restante —en su gran mayoría pymes— ostentan muy pocos bienes de capital. «Una parte de esta desigualdad se debe a la naturaleza de los negocios. En algunos de ellos —por ejemplo, la generación de electricidad, minería o petróleo— se requiere una fuerte inversión en instalaciones y equipos», destaca el profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Pero la inequidad no solo está presente en esos sectores: en la industria manufacturera cerca de 600 establecimientos concentran el 64% de los activos; en el comercio al por menor, 40 establecimientos de un total de 1,8 millones poseen la tercera parte de los activos físicos; en telecomunicaciones, 22 empresas de un total de 8.000 acaparan el 89% de los activos y en el sector financiero y de seguros, 73 instituciones suman el 76%.
Para su estudio, uno de las primeros publicados en México sobre distribución de la riqueza —habitualmente este tipo de investigaciones se centran en renta y dejan a un lado el patrimonio—, Miguel Del Castillo ha empleado hasta cinco fuentes de información: el sistema de cuentas nacionales, censos económicos, censos administrativos, encuestas de activos de los hogares y estudios sobre desigualdad de varias instituciones privadas y bancos. Los resultados hablan por sí solos.
