Ciudad de México.- Un juez federal de control dictó este viernes al exmandatario de Quintana Roo, Roberto Borge, auto de vinculación a proceso en el juicio en su contra por el delito de lavado de dinero, por lo cual fue trasladado al penal federal 16 en Morelos, donde llevará el proceso en prisión preventiva justificada.
El juez José Artemio Zúñiga valoró en la audiencia que inició el jueves y se prolongó por 16 horas, un total de 86 datos de prueba con los cuáles la PGR busca probar la presunta enajenación y adquisición ilícita de 22 predios que eran propiedad del gobierno estatal.
Dichos inmuebles que comprenden miles de metros cuadrados en zonas privilegiadas de la región turística de Quintana Roo, fueron vendidos a precios irrisorios a personas cercanas y familiares de Borge a través de un esquema en el que también participaron al menos tres empresas fantasma, de acuerdo con la exposición de los fiscales federales.
El Ministerio Público contará con seis meses para concretar su investigación y probar plenamente los ilícitos en tanto que Borge permanecerá en el penal de Morelos, seleccionado para atenderlo de diversos padecimientos renales y depresión.
Entre las personas señaladas como testaferros de Borge destaca su madre, María Rosa Angulo, quien habría adquirido algunas de estas propiedades rematadas, incluida una que está vinculada con una de las empresas fachada señaladas en el expediente.
La defensa de Borge desestimó los elementos aportados por los fiscales de la PGR, por considerar que no vinculan a su defendido con el desfalco y se basan en «casualidades» y percepciones subjetivas.
Los abogados del exgobernador también pidieron que las medidas cautelares de prisión preventiva fueran aplicadas por solo tres meses, al considerar que la indagatoria ya llevaba en curso suficiente tiempo, pero el juez accedió a la solicitud de la PGR.
Los fiscales argumentaron que requerían tiempo para plantear peticiones de asistencia a las autoridades de países como Estados Unidos, Cuba y Panamá, así como al Registro Civil de estados como Nuevo León y Quintana Roo, realizar entrevistas a otros testigos y ubicar a otros presuntos implicados.
Fuente: Expansión
