La Comisión Instructora realiza un trabajo imparcial y objetivo: Emiliano Ramos.
Chetumal, Quintana Roo. – El titular interino de la Auditoría Superior del Estado, la presidenta de la asociación civil «Somos Tus Ojos Transparencia en Quintana Roo» y un abogado de Juan Pablo Guillermo Molina, ex titular de la SEFIPLAN, comparecieron ante la Comisión Instructora que analiza la procedencia de la denuncia de juicio político en contra del ex funcionario público.
El diputado Emiliano Ramos Hernández, presidente de la Comisión Instructora, informó que en estas diligencias se dio cumplimiento al acuerdo tomado previamente, para que cada una de las partes pudiera ampliar u ofrecer información adicional sobre el caso.
Ramos Hernández expresó que todos y cada uno de los procedimientos que realiza la Comisión Instructora, están apegados a derecho y al debido proceso. Además, el legislador aseguró la Comisión Instructora, integrada también por los diputados José Luis González Mendoza y Jesús Alberto Zetina Tejero, actúa de manera objetiva e imparcial.
La primera comparecencia fue con el titular interino de la Auditoria Superior del Estado Manuel Palacios Herrera, quien presentó un informe en atención a la solicitud de información adicional hecha por la Comisión Instructora.
Posteriormente, los integrantes de la Comisión Instructora recibieron a la abogada Fabiola Cortés Miranda, presidenta y representante legal de «Somos tus ojos – Transparencia en Quintana Roo», quien amplió la denuncia interpuesta en contra del extitular de SEFIPLAN
Finalmente, Juan Pablo Guillermo Molina compareció por escrito ante la Comisión Instructora, a través del abogado Roberto Renato Rodríguez Rodríguez, quien se presentó a la Sala de Comisiones «Constituyentes de 1974» con un poder para pleitos y cobranzas, a fin de hacer válido el derecho de audiencia de su representado.
Los integrantes de la Comisión Instructora continuarán con el análisis de los alegatos presentados por cada una de las partes, para determinar los pasos a seguir en el análisis de la demanda de juicio político.
