Cancún, Quintana Roo.- Luego de casi tres años en los que vecinos de las regiones 237, 239, y los fraccionamientos Corales y Tabachines exigieran al ayuntamiento de Benito Juárez el cierre de las cementeras Tancol y Concrejal que tanto daño a la salud causaron a los habitantes, incluso hasta defunciones, finalmente la Dirección de Fiscalización, procedió a la clausura por violar el Programa de Desarrollo Urbano.
La administración de Remberto Estrada comienza a mover sus piezas en vísperas del próximo proceso electoral, por ello es que de la noche a la mañana comienza a resolver demandas añejas que incluso valieron la realización de manifestaciones en la plaza de la reforma del palacio municipal.
Hace apenas unas semanas, precisamente en la última manifestación en el palacio municipal, en la cual los habitantes exigían hablar con el Presidente municipal el cual por cierto no dio la cara y mando en su lugar al Secretario de la comuna Guillermo Brahms, este aseguró que tras vencer sus permisos el 31 de diciembre, estas cementaras por cuestiones legales, tenían dos meses de gracia, situación en la que no podían hacer nada.
Y es justo ahora cuando, la credibilidad del edil está por los suelos por la probada ineficiencia de su administración para resolver las necesidades de la población, aunado a la preocupante ola de inseguridad y necesitados de votos para poder reelegirse, es como ahora sí encuentran motivos para clausurar a estas concreteras, cuando el daño a los habitantes era más que evidente.
Es por ello, que utilizando una vez más a la gente, la Dirección Fiscalización, mandó a llamar a los vecinos para que ellos mismos “constaten la buena voluntad y la palabra empeñada de su presidente”, cuando esta es una de sus obligaciones, revisar que todas las empresas cumplan con su documentación en regla, respetando el marco legal que les permita operar sin provocar afectaciones de ninguna especie a los habitantes.
El titular de la dependencia municipal, Eduardo Mariscal de la Selva, indicó que dichos establecimientos fueron clausurados por violar el Programa de Desarrollo Urbano (PDU) 2014-2030, además de no respetar los horarios de trabajo establecidos que era de 9 a 17 horas.
Entre otras de las anomalías que ahora si detectaron, es que en el caso de la empresa Tancol no contaba con licencia de funcionamiento correspondiente al año 2017 así como prórroga vencida, mientras, Concrejal también carecía de esa documentación, sin embargo, no contaba con todos los giros declarados ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
