Playa del Carmen, Q. Roo.- El Ministerio Público de la Procuraduría General de la República (PGR), con apoyo de la Policía Federal Ministerial y la Policía Federal, así como de peritos en materia de electrónica y telecomunicaciones, cumplimentó dos órdenes de cateo y aseguró el mismo número de inmuebles, que funcionaban como casinos, en Playa del Carmen y en Ciudad Camargo, Chihuahua.
En el primer caso, personal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) aseguró en Playa del Carmen, 26 máquinas electrónicas de juegos de azar, seis mesas de juegos de cartas, dos mesas con ruleta, tres equipos de cómputo, mil 600 fichas de juego sin valor, cuatro mil 430 fichas cotizadas con un valor de 169 mil 995 dólares; así como 250 euros, tres mil 298 dólares y 14 mil 360 pesos en efectivo.
Lo anterior, derivado de las investigaciones realizadas por personal de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales (UEIDAPLE), con apoyo de la Policía Federal, División de Investigación.
La orden de cateo otorgada por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en funciones de juez de control, adscrito al Centro de Justicia Penal en el estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, se ejecutó en un establecimiento comercial, ubicado en Playa del Carmen, Solidaridad.
En el segundo asunto, personal de la SEIDF, solicitó y cumplimentó, con apoyo de elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la orden de cateo girada por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, con residencia en Chihuahua, y aseguró 86 máquinas electrónicas, 40 discos duros, tres equipos de cómputo, así como numerario consistente en tres mil pesos en moneda nacional.
La UEIDAPLE señaló que en ambos casos, los establecimientos no contaban con permiso otorgado por la Secretaría de Gobernación para funcionamiento como casino, por lo que los objetos fueron puestos a disposición de la autoridad federal para los fines legales que se determinen, por la probable violación a la Ley Federal de Juegos y Sorteos.
