Isla Mujeres.- Después de que los isleños fueran despojados de 200 hectáreas de su reserva territorial para mal vendérselo a grupos inmobiliarios, ahora, luego de una década, es la misma Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedatus), parecer avalar la venta de lotes por parte de Sadasi, la misma empresa inmobiliaria que se benefició con la venta de las tierras que hace 10 años le mal vendió el entonces infovir.
Todo parece indicar que el Gobierno del Estado busca liberarse de toda responsabilidad ante el reclamo de los isleños, quienes desde el 2005 adquirieron las “famosas” Cartas de Asignación, un desfalcó promovido por el entonces alcalde Paulino Adame Torres y que después respaldó el propio Gobierno del Estado.
Catorce años han transcurrido desde el desfalco del ex alcalde Paulino Adame Torres y es hasta ahora cuando Sedatus, anuncia un “acuerdo” para evitar así algún emplazamiento legal o demanda colectiva.
El pasado viernes al concluir una reunión en Cancún con la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedatus), se dejó en claro que el gobierno solo traspasará los expedientes hacia la empresa Sadasi, y quien estuviera interesado en adquirir un lote con servicio, tendría que hacer un contrato particular con la empresa y no con el Gobierno del Estado.
Hay que recordar que el proyecto de vivienda inició hace 14 años cuando el entonces alcalde Paulino Adame Torres decidió vender las llamadas cartas de asignación, prometiendo lotes en la Zona Continental.
El gobierno del entonces alcalde Paulino Adame Torres se logró embolsar poco más de 5 millones de pesos solo por estas cartas de asignación, pero tras su salida, las cosas se siguieron complicando cuando 100 hectáreas destinadas como reserva territorial fueron vendidas por el entonces infovir al grupo Sadasi.
Contexto:
La historia de este fraude en agravio de los isleños, inició el ocho de abril del 2005, a escasos dos días de que concluyera su gobierno el entonces presidente municipal, Paulino Adame Torres, ofreciendo en venta cartas de asignación de predios a mil 800 familias, a las que cobró dos mil y cuatro mil pesos, por lotes habitacionales o residenciales, respectivamente.
Un año después, el 30 de mayo del 2006, sin recursos para cumplir la promesa de lotificar y urbanizar la tierra prometida, la ex alcaldesa Manuela Godoy González, a través de la XVIII Sesión Extraordinaria Privada de Cabildo firmó un convenio de donación de 200 hectáreas con el Instituto de Fomento a la Vivienda y Regulación de la Propiedad (Infovir) después Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) y hoy la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedatus), a cambio de que fueran urbanizadas y se cubrieron las necesidades de vivienda de los isleños.
Entre los acuerdos signados en esa ocasión por el Cabildo, quedó prohibido al Infovir bajo pena de rescindir el contrato de donación; permutar, enajenar, ceder, otorgar uso o explotación, dar en comodato, gravar, hipotecar, arrendar, o cualquier otra forma de comprometer los derechos sobre las tierras con otros municipios, dependencias estatales, federales o particulares, toda vez que la donación se realizó a título gratuito siempre y cuando se utilice con estricto apego a la presente iniciativa y convenio.
Sin embargo, a pesar de las restricciones estipuladas en el convenio, el Infovir vendió 482.219.17 metros cuadrados a la Promotora Sadasi S.A de C.V y a Promotores y Desarrolladores de Vivienda S.A de C.V. La venta de ese espacio con la cédula catastral 703001053013002 se realizó el cuatro de julio del 2010 y quedó asentada en la escritura pública 4854 a un costo de 12 millones 56 mil 729 pesos con 25 centavos.
Un mes después, el 4 de agosto se llevó al cabo la segunda venta, ahora por un predio de 517.730.61 metros cuadrados a las mismas desarrolladoras por partes iguales, a un precio de 12 millones 943.256 mil pesos con 25 centavos.
En ambos contratos, se encuentran las firmas de Francisco Javier Díaz Carvajal. Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Vicepresidente del Consejo Directivo del Infovir, así como el director general del mismo instituto Ricardo Manuel Pech Gómez.
El caso se retomó una década después cuando ante el incumplimiento de la entrega de terrenos por parte de los gobiernos estatal y municipal, abogados encabezados por Manuel García García promovieron un Juicio de Amparo Indirecto ante los Juzgados Federales, que fue radicado en el Juzgado Cuarto de Distrito en Cancún, Quintana Roo, bajo el número de expediente 1170/2014; en el que reclaman la omisión de Infovir y ahora de la Seduvi de dar cumplimiento y seguimiento a las obligaciones contraídas.
En el acto reclamado, demandaban la urbanización de las 200 hectáreas para cubrir la fuerte necesidad de vivienda de la parte insular, así como la entrega de predios para los casi cien que en ese momento fueron representados por los abogados de un total de mil 800 cartas de asignación.
A raíz de estas demandas el Gobierno del Estado decidió retomar el expediente, pero ahora busca endosar el problema, pues lejos de una solución, son los isleños quienes tendrán que comprometerse directamente con sadasi y pagar por un lote de unos 200 metros cuadrados que hasta hoy no hay manera de llegar, pues se encuentra en un polígono sin acceso.
La titular de la Seduvi ha dejado claro que habría un subsidio siempre y cuando el beneficiario no tenga propiedad alguna ni su cónyuge.
Isleños que acudieron a la reunión, tomaron esta decisión como una tomada de pelo, pues reconocen que a lo largo de estos 14 años, algunos se han casado y otros se han visto en la necesidad de comprar un predio, pero que sucede con el pago que realizaron hace 14 años.
Muchos están decididos a promover una manifestación pacifica para exigir ahora al gobierno se les cumpla la promesa, ya que desde un principio las 200 hectáreas que mal vendió en Infovir eran precisamente para atender la demanda de lotes para los habitantes de Isla Mujeres.
