De acuerdo a una investigación de Reforma, 170 de las principales empresas de México, cuyos pagos de impuestos millonarios fueron condonados durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, pelean para que sus nombres y los montos condonados no sean dados a conocer.
Un informe especial, elaborado por el SAT con fecha del 8 de mayo, enlista los 52 juicios de amparo que impugnaron una orden dictada en agosto de 2016 por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y que obligaba a la difusión de los favores fiscales y los grupos beneficiados.
En el documento de 50 páginas en poder de REFORMA se enlistan los litigios, jueces y las empresas litigantes. El texto no especifica ningún monto condonado a cada una de ellas.
Entre las empresas litigantes se encuentran: Pfizer, Chedraui, Liverpool, Palacio de Hierro, 7 Eleven, Cinépolis, Hewlett-Packard, Grupo Carso, América Móvil, General Motors, Cemex, Minera México y Gruma.
Además, Industrias Peñoles, AT&T, TV Azteca, Grupo Elektra, Cargill, Volkswagen, Televisa, Club América, Club Necaxa, Cablevisión, Grupo Herdez, Grupo Industrial Saltillo, Ternium, Arcelormittal, Jafra, Fuller y Aeropuertos de Cancún.
El INAI había ordenado al SAT difundir los nombres de los beneficiarios de condonaciones entre enero 2007 a diciembre 2013, los montos de condonaciones de enero 2007 a mayo 2015, y las causas de las condonaciones, de enero 2014 a mayo 2016.
Pero la orden fue enfrentada con decenas de recursos judiciales de empresas para impedir su acatamiento. La titular del SAT, Margarita Ríos, detalló que el 54 por ciento de lo condonado se concentró en 108 contribuyentes.
López Obrador firmó en dicha conferencia un decreto según el cual renuncia a su facultad de condonar impuestos y fue insistente en que no revelaría a los beneficiados de las condonaciones.
Los jueces federales a cargo de los amparos han tenido que conceder suspensiones para que el SAT no difunda la información mientras se resuelven los juicios.
Los amparos promovieron que el INAI garantice una audiencia a las empresas afectadas. En otros casos, los amparos fueron desechados porque la orden del INAI no afectaba directamente a la empresa quejosa, y todavía hay varios juicios en trámite.
Con información de Reforma
