Cancún, Q. Roo.- La comercialización de terrenos irregulares es uno de los problemas sociales más recurrentes del municipio, por lo que la Presidente Municipal, Mara Lezama, exhortó a la ciudadanía a evitar su adquisición, y también pidió a los interesados que se informen con las autoridades municipales cuáles proyectos inmobiliarios han sido autorizados y cuáles no.
Acompañada del secretario de Ecología y Desarrollo Urbano, Armando Lara De Nigris, la Primera Autoridad Municipal dijo en conferencia de prensa que los terrenos irregulares carecen de servicios pues forman parte del núcleo ejidal, en ellos se construye en forma riesgosa sin anuencia legal, provocando contaminación e incertidumbre en el pago de contribuciones.
Lara De Nigris, por su parte, resaltó que es fundamental para desarrollar cualquier proyecto de urbanización, construcción y relativos, se cuente con licencia respectiva como lo establece el Reglamento de Construcción; en caso contrario, existirían consecuencias legales a futuro, así como la carencia de servicios en esos predios, o la pérdida del patrimonio familiar por una posible clausura y/o en su caso, demolición.
Durante la actual administración –indicó- se han realizado operativos de la Dirección de Imagen Urbana y Vía Pública, en los que se han identificado pendones en las calles con publicidad sobre la “venta” de lotes irregulares con enganches y mensualidades mínimas, por lo que muchos interesados caen en el error jurídico de realizar la compra, obteniendo a cambio un recibo simple o cesión de derechos, por lo que carecen de personalidad jurídica para exigir sus derechos.
Indicó Lara De Nigris que la Secretaría de Ecología y Desarrollo Urbano está tomando acciones legales correspondientes, para sancionar o en su caso impedir la construcción sobre este tipo de lotes, ya que además afectan el medio ambiente al no estar dentro del programa de drenaje y promueven la tala sin autorización y desmonte en zonas que no cuentan con aprobación, ni usos de suelo y/o licencias para que se lleven a cabo dichos proyectos.
Por último, invitó a los ciudadanos a acudir con la autoridad para despejar sus dudas y sean atendidas sus quejas para el beneficio de todos.
El marco legal en vigor señala que “se impondrá de seis meses a diez años de prisión y hasta 500 días de multa al que, causando daño o perjuicio, transfiera o prometa transferir la propiedad, la posesión o cualquier otro derecho sobre un bien inmueble, sus instalaciones o parte de él, careciendo del previo permiso de la autoridad administrativa correspondiente, o cuando teniéndolo no cumpla con los requisitos”.
