Durante la audiencia inicial realizada en el Penal de Neza-Bordo, el Ministerio Público acusó al exmandatario de Quintana Roo de provocar un daño al erario público estatal por un total de 900 millones 99 mil 418 pesos
La Procuraduría General de la República (PGR) acusó que el lavado de dinero, supuestamente realizado por el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, provocó un daño al erario público estatal por un total de 900 millones 99 mil 418 pesos.
Esto tras la adquisición y venta de 22 predios, algunos de ellos, pertenecientes a la reserva territorial de la entidad que gobernó.
Durante la audiencia inicial realizada en el Centro de Justicia Penal Federal de Nezahualcóyotl, el Ministerio Público solicitó la vinculación a proceso del exmandatario por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en su modalidad de ocultar bienes procedentes de una actividad ilícita.
Una vez que terceras personas tuvieron la propiedad de dichos predios, usaron empresas fachada para retransmitir la propiedad y ocultarlas, sabiendo los actos ilícitos”.
Claudia Romanillo directora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública de Quintana Roo (IPAQ) materializó la enajenación y adquisición ilícita de los predios”, señaló la PGR.
Por otra parte, durante la audiencia el exmandatario estatal, quien platicaba continuamente con sus dos abogados, señaló que padece de un problema en el riñón y requiere de tratamiento, así como de descanso, por lo que requiere de algunos recesos en su comparecencia ante el poder judicial de la federación.
Roberto Borge, aconsejado por su defensa, encabezada por Antonio Collado y Javier López García, se reservó su derecho a declarar ante las imputaciones formuladas por la PGR dentro del expediente 381/2017.
Respecto a los predios investigados por el Ministerio Público, estos se ubican en localidades como Cozumel, Chetumal, Tulum, Bacalar, Playa del Carmen, Cancún e isla Mujeres y, según las investigaciones el exgobernador los utilizó para fines delictivos entre abril de 2011 y septiembre de 2016 en el estado de Quintana Roo, “ocultando los bienes procedentes de actividades ilícitas y realizado en conjunto con otras personas y basado en un plan común”.
