La juez dictó prisión incondicional para los ocho exconsejeros de la Generalitat de Cataluña, incluido el vicepresidente, Oriol Junqueras
La jueza de la Audiencia Nacional española, Carmen Lamela, decretó prisión para el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y el resto del depuesto gobierno catalán, los cuales este jueves declararon acusados de rebelión, sedición y malversación.
De tal forma que, el exvicepresidente Oriol Junqueras, Jordi Turull (Presidencia), Raül Romeva (Asuntos Internacionales), Josep Rull (Territorio), Carles Mundó (Justicia), Meritxell Borràs (Cultura), Joaquim Forn (Interior) y Dolors Bassa (Trabajo) serán trasladados de inmediato a la cárcel.
El exconseller de Empresa Santi Vila, que dimitió antes de la declaración de independencia, también ingresará en prisión, pero solamente hasta que haga efectiva la fianza de 50 mil euros que le fue impuesta a petición de la fiscalía, conforme al diario español El Periódico.
Según el medio ibérico, la magistrada entiende que hay un alto riesgo de reiteración delictiva, de destrucción de pruebas y de fuga, una vez visto lo que hizo el expresidente del gobierno catalán, Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsellers que se encuentran en Bruselas.
Las declaraciones en la Audiencia Nacional fueron muy rápidas, publicó El País, al sólo acceder a contestar a las preguntas de sus defensas y centrarse en términos políticos y no jurídicos.
Los que no acudieron a la Audiencia Nacional fueron el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros.
Lluís Puig (exresponsable de Cultura), Antoni Comín (Salud), Meritxell Serret (Ganadería, Pesca y Alimentación) y Clara Ponsatí (Educación), después de que ayer miércoles anunciaran que permanecerían en Bélgica y no volverían a España para comparecer.
La incomparecencia de Puigdemont y de cuatro exconsejeros obedece, según señalaron en un comunicado firmado por el «gobierno legítimo de Cataluña», a que consideran ambas actuaciones penales un juicio político «efectuado al dictado del Gobierno del Estado español».
La Fiscalía presentó una querella contra todos los miembros del gobierno catalán, todos cesados, por los delitos de rebelión sedición y malversación de caudales públicos relacionados con el desarrollo del proceso y la declaración unilateral de independencia de Cataluña.
