El presidente de la Coparmex en Cancún, Adrián López, dio a conocer que de acuerdo a información del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Quintana Roo ocupa el último lugar a nivel nacional para hacer negocios, esto derivado de la cantidad de trámites que tienen que realizar ante instancias federales, estatales y municipales, los cuales pueden demorar hasta dos años, inhibiendo de esta manera la inversión.
En Conferencia de prensa, destacó que la demora en la tramitología conlleva financieramente pérdidas importantes para las empresas, ya que para conseguir un permiso de construcción, están obligadas a cumplir un listado de 120 trámites tanto federales, estatales y municipales, los cuales pueden tardar en cubrirlos varios meses e incluso años, situación que trae como consecuencia un costo promedio indirecto a nivel nacional del 5%, mientras que en Quintana Roo el costo se eleva a un 18 por ciento.
Indicó que, desafortunadamente la creación de la Ventanilla Única, es un proyecto que no ha terminado de cuajar ya que los mismos Ayuntamientos duplican la información haciendo mas tardado y engorroso el tramite al tener que pasar y esperar la anuencia de cada una de las dependencias involucradas para conseguir un permiso.
Es por esta razón, que mencionó que los afiliados a esta Confederación apoyan la creación de la ley de mejora regulatoria, a través de la cual se busca disminuir las cargas administrativas por lo menos en un 50 por ciento.
Asimismo, recalcó que, si bien la entidad ocupa el primer lugar en la creación de empresas, la reducción de estos trámites permitirían agilizar los procesos de obtención de permisos, lo que también vendría a incentivar la generación de empleos como resultado del crecimiento en las inversiones.
Por otra parte, el líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana en el municipio, fijó la postura del gremio en relación a la aprehensión del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, a través de la cual exigieron a las autoridades un proceso legal eficaz y expedito para determinar su responsabilidad en los delitos de los que es señalado y sancionar conforme a derecho.
“Las denuncias que pesan en su contra deben ser investigadas y documentadas a fondo, de comprobarse las acusaciones, es inadmisible que su actuación haya afectado no sólo el erario público, sino también provocó durante su gestión el daño patrimonial y de recursos públicos los cuales deben ser restituidos en su totalidad”, dijo.
Agregó que las autoridades tienen la responsabilidad de investigar la red de corrupción que tendió él y todos sus cómplices para cometer estos delitos por lo que pidieron a los responsables de la investigación que garantizando el marco legal y haciendo valer los acuerdos internacionales con Panamá, se agilice la presentación del ex gobernador ante juzgados en México para que responda por sus actos, al tiempo que exigieron a los gobiernos en sus tres niveles actuar con absoluto compromiso en la lucha contra la corrupción.
