Cd. de México (03 junio 2017).- El ex Gobernador del Estado de Quintana Roo Roberto Borge es buscado por la justicia federal.
Un juez ordenó la aprehensión del ex Mandatario priista por la adquisición con prestanombres de terrenos del Estado a precios subvaluados. También por la compra de una empresa de embarcaciones turísticas en la Riviera Maya.
Ambos delitos serían producto de lavado de dinero.
De acuerdo con fuentes del Gobierno federal, un juez del Estado de México libró el jueves el mandato de captura contra Borge y otros cuatro presuntos implicados por el delito de lavado de dinero con base en la carpeta de investigación UEIORPIFAMQR/0000749/2016, consignada por la SEIDO.
Además del ex Mandatario, las aprehensiones fueron giradas contra Claudia Romanillos Villanueva, ex directora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado (IPAE), y Soraya Guadalupe Herrera Manzanilla, ex coordinadora jurídica del instituto.
También se ordenó aprehender a María de Lourdes Pinelo Nieto, secretaria del padre del ex Gobernador, y César Celso González Hermosillo y Melgarejo, abogado de la familia Borge.
Según los antecedentes del caso, una de las vertientes de la acusación es la venta de 24 inmuebles del Gobierno local a un precio equivalente a un 6 por ciento de su valor comercial a integrantes del círculo cercano a Borge y sus familiares.
Se trata de terrenos de 7 millones 118 mil 309 metros cuadrados en Cancún y Cozumel rematados entre 2011 y 2014 por el IPAE –en la gestión de Romanillos y Herrera– y que tienen un valor comercial de 5 mil millones de pesos, según la PGR.
Diez de los inmuebles no eran susceptibles de venta por tratarse de reservas naturales, y otros cuatro fueron adquiridos por María Rosa Yolanda Angulo Castilla, madre del ex Gobernador, quien no fue consignada en este expediente.
El 24 de febrero, la SEIDO aseguró los bienes, que quedaron a disposición del Ministerio Público federal.
Otro aspecto del lavado que se imputa a Borge y sus presuntos prestanombres es la inyección de recursos a la naviera Barcos Caribe, que opera una flota de ferris de pasajeros entre Cozumel y Playa del Carmen.
La empresa la administran Pinelo Nieto y González Hermosillo, quienes, para las autoridades, no tienen capacidad económica ni los antecedentes en el giro para justificar inversiones de millones de dólares en la compra de embarcaciones.
(Fuente: Reforma)
