Chetumal.- El Ayuntamiento de Solidaridad, bajo la presidencia de Lili Campos Miranda, dejó sin solventar 174 millones de pesos observados de las cuentas públicas de 2023, situación que pudiera resultar en procesos administrativos e incluso denuncias penales.
Esto fue revelado esta tarde por Miguel Cheluja Martínez, titular de la Auditoría Superior del Estado (Aseqroo), luego de entregar el informe general ejecutivo 2023 de esta dependencia, a la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado.
En total, la Aseqroo realizó 170 auditorías financieras a los distintos sujetos obligados de Quintana Roo, de los cuales observaron 227 millones de pesos. De ese monto, quedan todavía 213 millones de pesos por solventar.
De forma llamativa, tres cuartas partes de este dinero que falta por ser aclarado proviene del Ayuntamiento de Solidaridad, que tiene 174 millones de pesos observados, sin solventar. A esto se suman otros 493 mil pesos sin solventar, por parte del Instituto de Cultura y las Artes de Solidaridad.
Cheluja Martínez detalló que los funcionarios y ex funcionarios involucrados cuentan con 30 días para solventar, y el Aseqroo cuenta con hasta 120 días para analizar esta respuesta, para entonces tomar acciones. Esto significaría dar parte a las contralorías, a los tribunales o bien a las fiscalías, dependiendo de la gravedad de la falta.
Cabe destacar que el Cabildo de Solidaridad aprobó en abril de 2024 las cuentas públicas de 2023, por cerca de 3 mil 887 millones de pesos. Luego de las revisiones efectuadas por la Auditoría, siguieron citatorios para aclarar los montos observados, proceso que duró el resto del año, pese a lo cual siguen sin ser aclarados hasta la fecha.
De las otras dependencias con observaciones, destacan la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, con 11 millones 400 mil pesos sin solventar; la Universidad Politécnica con 9 millones de pesos; el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, con tres millones de pesos; el Ayuntamiento de Benito Juárez, con nueve millones de pesos, el Instituto Electoral de Quintana Roo, con 3 millones 300 mil pesos sin aclarar, y la Fundación de Parques y Museos de Cozumel con 931 mil pesos sin solventar.
