Chetumal. — Mara Lezama, candidata de Morena a la gubernatura, afirmó hoy que su gobierno será facilitador permanente de obras, gestionará apoyo federal para realizar las necesarias para el desarrollo y prosperidad, como hizo en Cancún, donde con inversión histórica pronto comenzarán obras magnas, y expuso propuestas para fortalecer a las constructoras de Quintana Roo, a las cuales dará cabida si demuestran capacidad técnica y financiera para realizar trabajos de calidad.
En reunión y acompañada por Pedro José Santos y Diego Cortés Arzola, presidentes de los comités Consultivo y Directivo de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), destacó que, de acuerdo con la ley, el gobierno estatal tiene la obligación de abrir las convocatorias, hacerlas públicas, no limitativas, para que la inversión en infraestructura, empleos y economía se queden en Quintana Roo, en beneficio de las y los quintanarroenses.
Nuestro proyecto, reitero, busca transformar al Estado con un nuevo pacto social y económico, porque el progreso se construye de manera conjunta, tomados de la mano sociedad y gobierno para acortar las brechas de desigualdad, con visión de largo plazo y planeación incluyente, sostenible, transparente, socialmente responsable y perspectiva hacia las nuevas generaciones. “Juntos diseñaremos el Quintana Roo 2022-2042”.
Hizo hincapié en que, después de la pandemia es evidente la necesidad de reactivación económica; pidió dejar de lado la separación entre el Norte y Sur y trabajar por la integración regional que nos fortalezca como Estado, priorizando el bienestar de la población con empleo bien remunerado. “Mi propuesta es por un sistema que genere prosperidad compartida y combata la corrupción”.
También dijo que designará un enlace que coordine con desarrolladores del norte del Estado para que, mediante incentivos fiscales, contraten a constructores locales, entre los cuales hay talento y capacidad, para proyectos hoteleros, habitacionales, industria y comercios, a fin de que la inversión privada quite presión al Estado sobre la generación de condiciones de desarrollo económico con inversión pública en obra.
