La Unidad Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar adscrita a la Fiscalía Regional Oriente de Morelos acreditó de manera plena la responsabilidad de Carlos Bartolo “N” en los delitos de abuso sexual y violación cometidos en contra de sus nietas en el municipio de Cuautla.
De acuerdo a los datos registrados en la carpeta de investigación, las agresiones por parte del abuelito a sus nietas de siete y ocho años de edad iniciaron en el año 2014 en el domicilio ubicado en la colonia Ignacio Zaragoza.
El abuelito realizaba tocamientos a sus dos nietas, aumentando el abuso en contra de las niñas al grado de violarlas en diversas ocasiones al interior de una bodega ubicada en la colonia Miguel Hidalgo en el municipio de Cuautla y amenazarlas de hacerle daño a su madre si decían algo, continuando con las agresiones sexuales hasta el año 2020.
Por tal motivo las hoy adolescentes le hicieron de conocimiento a su madre lo sucedido, quien de inmediato acudió a realizar la denuncia en representación de sus menores hijas ante el Ministerio Público de la Fiscalía Regional Oriente, en donde se integró su carpeta e iniciaron las investigaciones correspondientes por parte de la Coordinación de Servicios Periciales y Agentes de la entonces Policía de Investigación Criminal.
Al presentar resultados positivos de dichas investigaciones, un Juez de Control obsequió una orden de aprehensión en contra del responsable, cumplimentada por agentes investigadores de la Fiscalía General del Estado de Morelos, quienes aprehendieron a Carlos Bartolo “N”, quien fue puesto a disposición de la autoridad requirente.
El abuelito se ajustó a un procedimiento abreviado contemplado en la ley, asumiendo su responsabilidad en los delitos para dar por terminado tal proceso.
Es así que una vez desahogadas las pruebas aportadas por las partes, el tribunal deliberó y dictó un fallo condenatorio en contra de Carlos Bartolo “N” por el delito de abuso sexual equiparado agravado y violación equiparada agravada.
Derivado de lo anterior, se impuso una condena de privativa de la libertad de 110 años y ocho meses, así como el pago de la cantidad de 124 mil 804 pesos por cada una de las víctimas, sumando un total de 249 mil 608 pesos, como pago de reparación del daño.
