CHETUMAL. – En lo que va de la administración del gobernador Carlos Joaquín González se investiga a 77 funcionarios por presuntos actos de corrupción.
Asimismo, se ha inhabilitado a 41 ex servidores públicos, afirmó el secretario de la Contraloría Estatal, Rafael del Pozo Dergal.
Estas últimas sentencias no son definitivas, porque los imputados promovieron amparos que están en estudio.
El secretario de la Contraloría Estatal fue el primer integrante del gabinete de Carlos Joaquín González en comparecer ante la XVI Legislatura.
Previo a su encuentro destaco que un postulado de la administración estatal es el combate a la corrupción.
Eso ha permitido que Quintana Roo tenga reconocimiento internacional por transparencia y ejercicio de recursos.
La seriedad de las estrategias de combate a la corrupción implementadas desde el inicio de la administración estatal le han permitido”, afirmó.
El contralor del Estado informó que hasta ahora se ha logrado mejores resultados y más funcionarios indiciados que durante la gestión de Roberto Borge Angulo.
Porque se ha dado vista a la Fiscalía General del Estado (FGE) por varios temas y también a la Unidad de Inteligencia, Auditoría Superior de la Federación (ASF) y Fiscalía General de la República (FGR).
De igual modo a cada dependencias a fin de que se realicen acciones propias de investigación.
Recordó que la administración implementó puso en funcionamiento un código de ética para los servidores públicos el cual se fue modificado posterior al inicio de la gestión del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Existe un grupo de servidores públicos responsables de recibir quejas de conducta no ética y son los responsables de efectuar la valoración de alguna presunta violación a código. Hasta ahora no ha habido ninguna denuncia respecto a posibles actos de corrupción o conflicto de intereses.
En la comparecencia, manifestó que la inclusión de la Oficialía Mayor a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) fue basada en la atribución del gobernador del Estado en acuerdos administrativos que optimicen recursos y simplifiquen trámites.
Expuso que la Secoes carece de personalidad jurídica para intervenir. De haber irregularidades, corresponderá al Ejecutivo Estatal darle a conocer.
Respecto al retraso en las obras que realiza la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) y están inconclusas, señaló que se debe la carencia de recursos en la para estatal y Estado.
De igual modo dio a conocer que la línea de denuncia “Tak Pool” será modernizada para sea más ágil.
