El juez Octavo de Distrito en Materia Mercantil, Especializado en Juicios de Cuantía Menor, con residencia en la Ciudad de México, Arnulfo Moreno Flores, indicó que “carece de competencia legal por razón de territorio para conocer de la demanda”, porque el asunto debe dirimirse por la justicia del estado de Querétaro.
“De los contratos base de la acción, se advierte que las partes acordaron someterse a la jurisdicción y competencia de los tribunales federales de la ciudad de Querétaro: …renunciando a cualquier otra jurisdicción, fuero o competencia que pudiere corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro”, detalla el acuerdo del juez.
Por esta razón, Moreno Flores determinó que tampoco está en posibilidad de pronunciarse respecto de las medidas precautorias solicitadas por el partido político. “En ese orden de consideraciones, al resultar evidente la incompetencia antes expuesta, procede desechar la demanda”, indica la resolución.
La dirigencia nacional provisional de Morena inició una auditoría sobre el uso de los recursos del partido durante los últimos tres años, para aclarar la compra de inmuebles y pagos por 809 millones de pesos, realizados durante la gestión de Yeidckol Polevnsky , algunas de las cuales se realizaron sin la firma del secretario de Finanzas del instituto político.
Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente interino del partido, fue facultado por la mayoría de integrantes del CEN de Morena, para solicitar asesoría de abogados especialistas en materia civil, mercantil, administrativa y penal, para que emitieran un dictamen sobre las posibles faltas y rutas que jurídicamente se podían emprender.
Una revisión a las adquisiciones realizadas y entregadas por Joel Frías Zea, secretario de Finanzas de Morena al Comité Ejecutivo Nacional, detectó que más del 50 por ciento de la compra de inmuebles y remodelaciones fueron sugeridas por el empresario Enrique Borbolla García, propietario de Grupo EBOR, quien ya había recibido, a través de dos empresas filiales, contratos por 394 millones de pesos que contaron solo con la firma de Polevnsky.
Se acordó que una vez concluidos los avalúos y dictámenes legales, se definiría el destino de los inmuebles comprometidos y en su caso la conclusión del contrato correspondiente, además de entrar en diálogo formal con los contratistas para exponer la situación actual y la falta de definiciones.
También se determinó requerir “de manera inmediata e impostergable” a Yeidckol Polevnsky, para que haga entrega de los contratos y anexos en original de cada inmueble comprado y comprometido, así como de los contratos de obra correspondientes.
